(Articulo publicado en Díario Monitor el 27 de noviembre de 2007)
El pasado 20 de noviembre, el gobierno japonés puso en vigor un nuevo sistema para monitorear la entrada de extranjeros. A partir de esta fecha, todos los visitantes extranjeros mayores de 16 años, que ingresen a territorio japonés, estarán obligados a registrar sus huellas digitales y tomarse una fotografía. Si el viajero u “hombre de negocio” extranjero se niega; las autoridades migratorias japonesas tendrán todo el derecho de negarle el permiso de entrada y expulsarlo indefinidamente. De hecho, los únicos que estarán exentos de esto, son los diplomáticos y los extranjeros con residencia permanente. Es decir, los coreanos y chinos nacidos en Japón. Aunque, diversas ONG han afirmado que los norcoreanos nacidos en Japón no estarán exentos, ya que tienen vínculos “inevitables” con el régimen del generalísimo Kim Jong-Il.
Ante esta situación, como era de esperarse, Amnistía Internacional, así como otras ONG han manifestado abiertamente su rechazo y han señalado que es una política migratoria que atenta contra los derechos humanos. Igualmente, algunos grupos progresistas y los partidos de izquierda han advertido que este tipo de medidas pueden incentivar a otros países a emplear políticas similares hacia los japoneses que están en el extranjero. De hecho, cuando Estados Unidos implementó esta medida, Brasil decidió aplicar medidas similares a ciudadanos estadounidenses. De este modo, no se puede descartar que en meses próximos, muchos ejecutivos japoneses que viajen a Brasil, sean tratados como “visitantes de segunda”.
¿Por qué las autoridades de Tokio han decido medidas tan radicales? El gobierno japonés ha manifestado que esta política busca reducir principalmente, la inmigración ilegal, proveniente del continente chino y Sudamérica. Asimismo, es una medida para garantizar la seguridad nacional y prevenir la entrada de grupos terroristas islámicos provenivientes de Medio Oriente y el Sudeste de Asia. Finalmente, el gobierno japonés ha manifiestado que esta política permite cooperar con las políticas anti-terroristas de Estados Unidos.
En lo personal, me parece que es una medida sumamente dura e irresponsable, ya que se hizo sin un debate serio dentro de la sociedad japonesa. Además, las justificaciones que da el gobierno japonés no son convicentes. En primer lugar, el número de extranjeros con residencia ilegal, pese a ser un problema real, no ha llegado a números tan “alarmaentes” como Europa y Estados Unidos. En este sentido, lejos de ser un simple monitoreo, esta medida es sólo un pretexto para fortalecder la fuerza coercitiva del gobierno japonés.
Igualmente, considero que es una medida exagerada considerando la estructura social de Japón. En este país, pese a la existencia de diversos grupos étnicos, existe una raza “homogénea”. Así, salvo los chinos y coreanos, que son los que pueden diluirse dentro de la sociedad japonesa; es sumamente fácil identificar a cualquier grupo de extranjeros, especialmente los supuestos grupos terroristas. Algo que no pasa en otras latitudes. Por tanto, no queda tan claro, por qué emplear medidas tan drásticas.
Asimismo, como lo demostraron los ataques perpetuados por la secta religiosa Aum-Shinrikyo en 1995; los actos terroristas no tienen que ser dirigidos necesariamente por grupos extranjeros, sino que son los propios japoneses los que pueden ser un peligro mayor. Además, pese al aumento de mafias extranjeras, el crimen organizado sigue siendo dirigido por los propios japoneses.
Finalmente, lo más preocupante es que no existe una fortaleza en el gobierno japonés para garantizar la eficiencia de este nuevo sistema de monitoreo. Esto quedó demostrado con las recientes declaraciones de Kunio Hatoyama, ministro de Justicia. En una conferencia de prensa, Hatoyama admitió que “un amigo de un amigo” es miembro de Al Qaieda. Si una de las principales autoridades japonesas ha aceptado publicamete que tiene vínculos indirectos con grupos terrorristas, qué garantiza la efectividad del gobierno japonés.
En fin. Esperemos, que el gobierno japonés sea responsable; no viole los derechos humanos de los extranjeros; e impida la entrada de gente honrada. Aunque tengo mis reservas, ya que pese a que los extranjeros con residencia legal tienen derecho al seguro social; la sociedad japonesa no ha respetado nunca su integridad. A lo mejor, no han entendio muchos japoneses, que son los extranjeros, los que realizan los trabajos que ellos no quieren hacer y que en el futuro son los extranjeros, los únicos que podrán coadyuvar al cuidado de los ancianos, ya que el número de jovenes en Japón es escaso.
El pasado 20 de noviembre, el gobierno japonés puso en vigor un nuevo sistema para monitorear la entrada de extranjeros. A partir de esta fecha, todos los visitantes extranjeros mayores de 16 años, que ingresen a territorio japonés, estarán obligados a registrar sus huellas digitales y tomarse una fotografía. Si el viajero u “hombre de negocio” extranjero se niega; las autoridades migratorias japonesas tendrán todo el derecho de negarle el permiso de entrada y expulsarlo indefinidamente. De hecho, los únicos que estarán exentos de esto, son los diplomáticos y los extranjeros con residencia permanente. Es decir, los coreanos y chinos nacidos en Japón. Aunque, diversas ONG han afirmado que los norcoreanos nacidos en Japón no estarán exentos, ya que tienen vínculos “inevitables” con el régimen del generalísimo Kim Jong-Il.
Ante esta situación, como era de esperarse, Amnistía Internacional, así como otras ONG han manifestado abiertamente su rechazo y han señalado que es una política migratoria que atenta contra los derechos humanos. Igualmente, algunos grupos progresistas y los partidos de izquierda han advertido que este tipo de medidas pueden incentivar a otros países a emplear políticas similares hacia los japoneses que están en el extranjero. De hecho, cuando Estados Unidos implementó esta medida, Brasil decidió aplicar medidas similares a ciudadanos estadounidenses. De este modo, no se puede descartar que en meses próximos, muchos ejecutivos japoneses que viajen a Brasil, sean tratados como “visitantes de segunda”.
¿Por qué las autoridades de Tokio han decido medidas tan radicales? El gobierno japonés ha manifestado que esta política busca reducir principalmente, la inmigración ilegal, proveniente del continente chino y Sudamérica. Asimismo, es una medida para garantizar la seguridad nacional y prevenir la entrada de grupos terroristas islámicos provenivientes de Medio Oriente y el Sudeste de Asia. Finalmente, el gobierno japonés ha manifiestado que esta política permite cooperar con las políticas anti-terroristas de Estados Unidos.
En lo personal, me parece que es una medida sumamente dura e irresponsable, ya que se hizo sin un debate serio dentro de la sociedad japonesa. Además, las justificaciones que da el gobierno japonés no son convicentes. En primer lugar, el número de extranjeros con residencia ilegal, pese a ser un problema real, no ha llegado a números tan “alarmaentes” como Europa y Estados Unidos. En este sentido, lejos de ser un simple monitoreo, esta medida es sólo un pretexto para fortalecder la fuerza coercitiva del gobierno japonés.
Igualmente, considero que es una medida exagerada considerando la estructura social de Japón. En este país, pese a la existencia de diversos grupos étnicos, existe una raza “homogénea”. Así, salvo los chinos y coreanos, que son los que pueden diluirse dentro de la sociedad japonesa; es sumamente fácil identificar a cualquier grupo de extranjeros, especialmente los supuestos grupos terroristas. Algo que no pasa en otras latitudes. Por tanto, no queda tan claro, por qué emplear medidas tan drásticas.
Asimismo, como lo demostraron los ataques perpetuados por la secta religiosa Aum-Shinrikyo en 1995; los actos terroristas no tienen que ser dirigidos necesariamente por grupos extranjeros, sino que son los propios japoneses los que pueden ser un peligro mayor. Además, pese al aumento de mafias extranjeras, el crimen organizado sigue siendo dirigido por los propios japoneses.
Finalmente, lo más preocupante es que no existe una fortaleza en el gobierno japonés para garantizar la eficiencia de este nuevo sistema de monitoreo. Esto quedó demostrado con las recientes declaraciones de Kunio Hatoyama, ministro de Justicia. En una conferencia de prensa, Hatoyama admitió que “un amigo de un amigo” es miembro de Al Qaieda. Si una de las principales autoridades japonesas ha aceptado publicamete que tiene vínculos indirectos con grupos terrorristas, qué garantiza la efectividad del gobierno japonés.
En fin. Esperemos, que el gobierno japonés sea responsable; no viole los derechos humanos de los extranjeros; e impida la entrada de gente honrada. Aunque tengo mis reservas, ya que pese a que los extranjeros con residencia legal tienen derecho al seguro social; la sociedad japonesa no ha respetado nunca su integridad. A lo mejor, no han entendio muchos japoneses, que son los extranjeros, los que realizan los trabajos que ellos no quieren hacer y que en el futuro son los extranjeros, los únicos que podrán coadyuvar al cuidado de los ancianos, ya que el número de jovenes en Japón es escaso.
1 件のコメント:
Yo lo que más temo es que estos datos personales se "filtren" a terceros. De más está decir que Estados Unidos seguramente tendrá acceso irrestricto a esa información.
Y por otro lado, bien dices que cada vez más los jóvenes japoneses desechan la idea de dedicarse a ciertos trabajos. Las consecuencias están a la vista con los trabajadores nikkei sudamericanos que trabajan en las fábricas japonesas. Por un lado, son segregados, mal pagados; por el otro lado los japoneses los "toleran" porque se han convertido en piezas indispensables para el sostén de la industria. En fin, son dilemas que el gobierno japonés intenta enfrentar con medidas poco meditadas, como ésta que hoy recoges.
Saludos desde Tokio.
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