(Artículo publicado en Diario Monitor, 22 de mayo de 2007)
En la década de los 30, las autoridades militares y los grupos conservadores japoneses establecen un sistema “fascista” que reprime a la población civil y encaminan al país hacia una guerra expansionista, en una región dominada por el imperialismo europeo y estadounidense. Finalmente, tras humillante derrota en la Guerra del Pacífico, el orden imperial se destruye y bajo las ordenes del general Douglas MacArthur, el ejército de ocupación emprende una reforma política, que culmina en la “imposición” de una constitución que proscribe el derecho de beligerancia.
Esta situación, evidentemente, provoca diversas reacciones internas. Las fuerzas socialistas y comunistas, así como de numerosos sectores de la población apoyan el proyecto, pero los conservadores rechazan la “imposición”, ya que significaba el debilitamiento completo de Japón en el sistema internacional. De este modo, desde 1947, año que se entra en vigor la constitución, diversos conservadores buscan reformar la Carta Magna “impuesta”.
Esto implicaba un claro fracaso para la política de ocupación, pero previendo esa situación, la Comisión del Lejano Oriente incorpora, una quisquillosa restricción que evite una transformación rápida. Así, en el artículo 96 se establece que para la reforma se necesita la aprobación de dos terceras partes de las dos Cámaras de la Dieta y pasar un referéndum. De este modo, los conservadores necesitarían el apoyo de los socialistas, algo que sería imposible.
No obstante, al intensificarse la Guerra fría, Washington decide presionar a las autoridades japonesas para que rearmen a Japón y contengan el avance comunista en la región, implicando un retroceso a lo que había hecho Estados Unidos. Finalmente, los conservadores moderados, dirigidos por el primer ministro Shigeru Yoshida (1948-1954), emprenden un rearme mínimo que permita cohabitar con la constitución pacifista, estableciendo, al mismo tiempo, una alianza militar con Estados Unidos, para que sea este país el que proteja a Japón.
Obviamente, la mayor parte de los conservadores no acepta mantener el status quo y a partir de 1955, año que se forma el Partido Liberal Demócrata (PLD), la reforma se convierte en el principal, pero sin mucho éxito, ya que las fuerzas progresistas rechazan esto. Empero, después del fin de la Guerra fría, al desaparecer la fuerza de la izquierda, las posibilidades de una reforma se vuelven cada vez más ostensibles. Prueba de esto ha sido ha sido la nueva Ley del Referéndum Constitucional, aprobada el pasado 14 de mayo por la Cámara Alta.
Hasta antes de este código, no se contaba de un mecanismo para convocar el referéndum, ya que las fuerzas de ocupación no especificaron exactamente cómo emprender esto. Esta situación implicaba un obstáculo para los grupos que quieren la reforma, pero también para los que la quieren evitar. Así, la coalición gobernante, formada por el PLD y el Partido del Gobierno Limpio (Komeito), así como el Partido Demócrata Japonés (PDJ), la primera oposición, deciden establecer las reglas del juego.
Todo indicaba, pues que la Ley pasaría sin trabas, pero, aludiendo que la propuesta de los conservadores dejaba muchos cabos atados, los demócratas deciden no apoyar la propuesta. En primer lugar, pone restricciones a los medios televisivos para que no bloquen la reforma. También restringe la actividad de los servidores públicos, especialmente al magistrado que es un grupo progresista. Finalmente, no coloca un porcentaje mínimo de participación, implicando que en caso de un poco participación, se acepte lo que una “minoría” quiere.
Ante esto, pese a los costos políticos, el PLD decide aprobar forzadamente una Ley. Obviamente, la prensa critica esto y los conservadores no tendrían otra alternativa que prometer una revisión de la Ley en los siguientes años, pero todo indica que no se cambiará mucho. De este modo, algunos aseguran que para el año 2010, tendremos el bosquejo de una nueva constitución.
Como palabras finales, quisiera acotar lo siguiente. Ninguna constitución es perfecta ni muchos menos una que fue “impuesta”. Pero creo que en el caso de Japón, no existe aún las condiciones para emprender una reforma confiable. Es necesario un debate más maduro. Pero como eso ya no es posible ahora, ante una inminente reforma, lo único que podemos pedir a las autoridades japonesas es que la nueva constitución sea compatible con las condiciones de pluralidad que prevalece en la sociedad japonesa, así como con los problemas ecológicos. Y lo más importante, que no sea un documento que se entregue a los intereses imperiales de Washington.
En la década de los 30, las autoridades militares y los grupos conservadores japoneses establecen un sistema “fascista” que reprime a la población civil y encaminan al país hacia una guerra expansionista, en una región dominada por el imperialismo europeo y estadounidense. Finalmente, tras humillante derrota en la Guerra del Pacífico, el orden imperial se destruye y bajo las ordenes del general Douglas MacArthur, el ejército de ocupación emprende una reforma política, que culmina en la “imposición” de una constitución que proscribe el derecho de beligerancia.
Esta situación, evidentemente, provoca diversas reacciones internas. Las fuerzas socialistas y comunistas, así como de numerosos sectores de la población apoyan el proyecto, pero los conservadores rechazan la “imposición”, ya que significaba el debilitamiento completo de Japón en el sistema internacional. De este modo, desde 1947, año que se entra en vigor la constitución, diversos conservadores buscan reformar la Carta Magna “impuesta”.
Esto implicaba un claro fracaso para la política de ocupación, pero previendo esa situación, la Comisión del Lejano Oriente incorpora, una quisquillosa restricción que evite una transformación rápida. Así, en el artículo 96 se establece que para la reforma se necesita la aprobación de dos terceras partes de las dos Cámaras de la Dieta y pasar un referéndum. De este modo, los conservadores necesitarían el apoyo de los socialistas, algo que sería imposible.
No obstante, al intensificarse la Guerra fría, Washington decide presionar a las autoridades japonesas para que rearmen a Japón y contengan el avance comunista en la región, implicando un retroceso a lo que había hecho Estados Unidos. Finalmente, los conservadores moderados, dirigidos por el primer ministro Shigeru Yoshida (1948-1954), emprenden un rearme mínimo que permita cohabitar con la constitución pacifista, estableciendo, al mismo tiempo, una alianza militar con Estados Unidos, para que sea este país el que proteja a Japón.
Obviamente, la mayor parte de los conservadores no acepta mantener el status quo y a partir de 1955, año que se forma el Partido Liberal Demócrata (PLD), la reforma se convierte en el principal, pero sin mucho éxito, ya que las fuerzas progresistas rechazan esto. Empero, después del fin de la Guerra fría, al desaparecer la fuerza de la izquierda, las posibilidades de una reforma se vuelven cada vez más ostensibles. Prueba de esto ha sido ha sido la nueva Ley del Referéndum Constitucional, aprobada el pasado 14 de mayo por la Cámara Alta.
Hasta antes de este código, no se contaba de un mecanismo para convocar el referéndum, ya que las fuerzas de ocupación no especificaron exactamente cómo emprender esto. Esta situación implicaba un obstáculo para los grupos que quieren la reforma, pero también para los que la quieren evitar. Así, la coalición gobernante, formada por el PLD y el Partido del Gobierno Limpio (Komeito), así como el Partido Demócrata Japonés (PDJ), la primera oposición, deciden establecer las reglas del juego.
Todo indicaba, pues que la Ley pasaría sin trabas, pero, aludiendo que la propuesta de los conservadores dejaba muchos cabos atados, los demócratas deciden no apoyar la propuesta. En primer lugar, pone restricciones a los medios televisivos para que no bloquen la reforma. También restringe la actividad de los servidores públicos, especialmente al magistrado que es un grupo progresista. Finalmente, no coloca un porcentaje mínimo de participación, implicando que en caso de un poco participación, se acepte lo que una “minoría” quiere.
Ante esto, pese a los costos políticos, el PLD decide aprobar forzadamente una Ley. Obviamente, la prensa critica esto y los conservadores no tendrían otra alternativa que prometer una revisión de la Ley en los siguientes años, pero todo indica que no se cambiará mucho. De este modo, algunos aseguran que para el año 2010, tendremos el bosquejo de una nueva constitución.
Como palabras finales, quisiera acotar lo siguiente. Ninguna constitución es perfecta ni muchos menos una que fue “impuesta”. Pero creo que en el caso de Japón, no existe aún las condiciones para emprender una reforma confiable. Es necesario un debate más maduro. Pero como eso ya no es posible ahora, ante una inminente reforma, lo único que podemos pedir a las autoridades japonesas es que la nueva constitución sea compatible con las condiciones de pluralidad que prevalece en la sociedad japonesa, así como con los problemas ecológicos. Y lo más importante, que no sea un documento que se entregue a los intereses imperiales de Washington.
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